Los 43 de Iguala. Entrevista con Sergio González Rodríguez

Los 43 de Iguala. Entrevista con Sergio González Rodríguez 
Israel Covarrubias y Pablo Tepichín Jasso

El caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en la localidad de Ayotzinapa, a 125 kilómetros de distancia de Iguala en el estado de Guerrero, no hizo sino levantar la absoluta indignación nacional e internacional, la cual inmediatamente destapó y ubicó en el centro del debate público un “ciclo violento” cuya explicación no puede reducirse a un problema, sino a viejos rezagos, olvidos, despojos y exclusiones que datan de varias décadas.
A raíz de la reimpresión, casi inmediatamente después de su primera edición (2015) del libro Los 43 de Iguala. México: verdad y reto de los estudiantes desaparecidos, del escritor, investigador y ensayista Sergio González Rodríguez, éste nos concedió una interesante entrevista que arroja ciertas rutas para abordar al menos tres ángulos del ominoso escenario en el que se reproduce la sociedad mexicana actual: crimen, impunidad, corrupción.
La generosidad de Sergio González Rodríguez permitió abarcar no sólo aspectos de su obra, sino que abundó en temas y en ciertas categorías para el análisis político, cuya fecundidad intentan dar cuenta del desbordamiento de la crisis mexicana: desde la disfuncionalidades del Estado y las lógicas de la forma Estado alegal, o las prácticas obscenas entre el crimen organizado y los poderes públicos que deberían de velar por el orden y la ley, hasta la reproducción prácticamente impune de una parte de la clase política, todos ellos, síntomas ineludibles de la suspensión democrática en nuestro país.
Sergio González Rodríguez puede ser considerado como uno de los ensayistas más agudos y críticos en el panorama cultural mexicano. Con un pie en el campo literario y otro en el campo de la cultura, ha abordado a lo largo de una larga obra escrita diversos aspectos de la vida de los “otros” en nuestro país. A título ilustrativo, pueden citarse Los bajos fondos. El antro, la bohemia y el café (1989), o El centauro en el pasaje (1992); más recientemente El robo del siglo (2015). De igual modo, es un autor que da testimonio de los profundas transformaciones sociales y políticas que tuvieron lugar en nuestro país con el cambio de siglo, principalmente con el nacimiento y desarrollo de formas inéditas de violencia y conflicto. En este sentido, pueden verse sus trabajos publicados de manera paralela en México y España, por la editorial Anagrama: Huesos en el desierto (2002); El hombre sin cabeza (2009); Campo de Guerra (2014), que le hizo merecedor del prestigiado Premio de Ensayo Anagrama; y finalmente Los 43 de Iguala (2015).

Metapolítica: Si la desaparición de los 43 estudiantes no es un caso de excepción, entonces tendríamos que hablar de un síntoma de un desastre todavía mayor de la política mexicana. En este sentido, ¿de qué tipo de desastre podríamos hablar a partir de lo que estás poniendo en evidencia en tu libro?

Sergio González Rodríguez: Siguiendo con tu razonamiento de que el hecho de barbarie en contra de los 43 en Iguala es un síntoma, lo ubico fundamentalmente como la erosión profunda de las instituciones y dentro de un marco de disolución o crisis profunda del pacto Estado-nación. Esto se tiene que leer como un proceso que arranca en México desde los últimos años del presidencialismo autoritario (los años ochenta y noventa), hasta la firma firma del Tratado de Libre Comercio (TLC); y posteriormente el Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), que se han visto como tratados de tipo económico, siendo de gran importancia política, pero esto ha impedido leer el efecto brutal de desestabilización de un sistema político, que además no trajo modelo de reemplazo todavía, y entran todos los factores positivos y negativos en una crisis profunda de las instituciones. Por eso es un síntoma.

M: En tu libro, ¿qué logras poner en evidencia con relación a lo que podríamos enunciar como sistema de criminalidades en México y sobre todo con su relación con la política, pues es precisamente la política la que permitió que se reproduzca?

SGR: Al hablar de un sistema de criminalidades, estamos incertando este funcionamiento dentro del propio funcionamiento de los sistemas de Estado, y no es posible entenderlo, como se quiere entender a la criminalidad en general como crimen organizado o delito común, y en plural criminalidades, como si fueran factores externos, cuando son inmanentes a la crisis del sistema político. Y es ahí donde aparece la alarma: ¿por qué tanto desbordamiento de la criminalidad y la violencia? Es una pregunta falsa, porque se deja de lado analizar las causas profundas de esto. No es un factor que haya llegado de fuera a invadir la estabilidad y la pureza mexicana. Es co-sustancial a su propio funcionamiento.
Por eso, desde el punto de vista de la política convencional, se tiende a ver síntomas y fenómenos como el de Iguala y muchas otras más de violencia extrema, de alto impacto social, como si fueran algo insólito, esporádico, algo que sucede de vez en cuando… Es un error, porque están dándose estos hechos a través de la configuración de una sistematicidad.

M: Tienes muchos años dedicándote a trabajar e investigar el problema de la criminalidad y ciertos fenómenos emergentes de violencia, intentándo dar explicaciones historicas de ello. ¿Qué constantes y qué cambios observar en la reproducción de las violencias de nuestro país a partir de los diferentes “capítulos” que encontramos en tus libros?

SGR: Al principio me interesó entender la violencia del crimen más allá de su especialización y autonomía de sus estudios disciplinarios, porque esta especialidad impide ver el contexto, las causas profundas de la criminalidad y la violencia. Por eso quería entender los fenómenos como el feminicidio en los años noventa, y que posteriormente se ampliaría a otro tipo de apreciaciones (por ejemplo, los rituales criminales de la violencia o la guerra contra el narcotráfico). Quería entenderlo como un asunto de mayor amplitud que la conducta criminal en sí, o de las políticas criminales.
De hecho, desde el comienzo combatí la idea de reducir estos fenómenos a un asunto de nota roja. En este proceso lo que fui encontrando era una radiografía del país. El feminicido como violencia brutal contra las mujeres, que fue desatada por el crimen organizado, pero sabemos que el crimen organizado al impactar rápidamente al nivel más inmediato de las personas, el efecto acontece primero en las mujeres, después en los hogares, en las escuelas, y sucesivamente a toda la sociedad. De modo que para mí era muy importante darle un marco explicativo a esto, más allá de lo criminológico.

M: Tanto en tu libro Campo de guerra como en Los 43 de Iguala, trabajas una serie de categorías propias. Una de ellas es la de “An-Estado”. ¿Qué relación existe o qué diferencias encuentras entre “An-Estado” con la de “estado de excepción”, utilizada por ejemplo por Giorgio Agamben?

SGR: Creo que la utilidad de generar nuevas categorías y conceptos para entender procesos que no tienen, a mi juicio, un tratamiento lo suficientemente claro por parte de los estudios políticos o sociológicos en general, viene de la propia realidad. Es decir, cuando tu ves a Ciudad Juárez, que es una frontera que tiene una complejidad muy grande, enfrenta una asimetría entre dos países muy fuerte, países completamente distintos, con civilizaciones y culturas contrastantes, un aparato económico brutalmente desigual, con poblaciones que no tienen nada que ver, y sin embargo, hay una frontera que los une; ahí se dan fenomenos adversos, anómalos, como los vimos en los años noventa, y que seguimos observándo todavía a la fecha como lo es el caso de la violencia extrema contra las mujeres. Entonces, sucede de que no hay instituciones no sólo que comprendan estos fenómenos sino que también atiendan estos contrastes, las anomalías, las asimetrías, los problemas de fondo. Uno dice: aquí hay una localidad, una frontera, y lo que sucede en esta frontera es una “fronterización”; o bien, son sucesos que pasan en un “marco de frontera”, y qué pasaría si no se castigan estas impunidades, estos delitos, estas ineficiencias funcionales. ¿Qué pasaría si no son compuestas? Puede fronterizarse todo el país. Esto lo dije hace casi veinte años. Por desgracia sucedió.
De aquí, que haya propuesto el término de fronterización de todo México. También hablé de normalización de la violencia. Observamos cómo se normaliza día tras día la violencia. Esta normalización la mencioné también desde hace veinte años: nos acostumbramos a ver la violencia, tuvimos un gobernador que dijo que el índice de asesinatos en Chihuahua era normal. Que un gobernador diga que es normal asesinar a mujeres es realmente alarmante. No es un lapsus cualquiera, es una concepción de la vida pública.
Esto me llamo la atención cuando empecé a ampliar la reflexión al Estado, ¿qué pasa con un Estado que funciona por sus disfuncionalidades? Formalmente hacia fuera es reconocido, firma convenios, tiene un poder ejecutivo, legislativo, judicial; está integrado en términos de democracia constitucional. Sin embargo, hacia el interior del país no funciona. Esto es lo que defino como la disfunción del Estado formal. Por eso propuse de que habría que tener un concepto que articulara positiviamente esta disfunción, porque normalmente se dice Estado fallido, Estado imperfecto… Era importante sugerir que en realidad así funciona el Estado: tiene disfuncionalidades y aprovecha su disfuncionalidad para seguir funcionando a beneficio de los que son privilegiados por ello. Cuando hablo de An-Estado o de Estado a-legal, donde el prefijo tiene que ver con estar fuera o dentro del Estado, estamos en otra categorización. Por ejemplo, también se ha usado el término paralegal, pero lo paralegal es una anterioridad a lo que esta a punto de ser o que puede ser, que tiene su potencialidad de ser Estado. No creo que éste sea el caso del Estado mexicano, porque el Estado mexicano viene de una cultura autoritaria, de un presidencialismo autoritario, de un partido único. Es un Estado duro, no es que se esté configurando a ser algo más, más bien pasó a una fase de un Estado a-legal, que está fuera y dentro de la legalidad. Y esta contradicción, esta disfunción, le permite actuar, seguir.
En esta medida, cuando hablamos de la comparación del concepto de An-Estado o Estado a-legal con la de estado de excepción, hay una diferencia. Para Agamben, el estado de excepción sigue siendo una actitud que si bien las democracias contemporáneas están usando cada vez más es algo que se da eventualmente. Aquí hay una diferencia sustancial, entre la concepción de Agamben y el Estado a-legal que yo quiero describir, pues el Estado a-legal al funcionar por sus disfuncionalidades, puede usar el estado de excepción como lo vimos en el caso mexicano de Michoacán, aunque sigue funcionando a-legalmente. La diferencia es que Agamben está señalando el estado de excepción en su connotación de la tradición jurídico-política, donde aparece como algo excepcional: suspendo derechos constitucionales y actúo como Estado en defensa de mi soberanía. En el caso de México, el Estado a-legal funciona con una continuidad de flujo intermitente: un día puede establecer que entra a Michoacán el comisionado, con lo que rompe el estatuto constitucional y abrir el estado de excepción. Luego, pasaron menos de dos años y dicen: “el comisionado va a desaparecer para convertirse en otra cosa (¡encargado del deporte nacional!)”. Y se acabó el estado de excepción. Esa fluidez arbitraria, brutal, que no necesita formalidad más que una declaración pública, o un acuerdo del propio poder ejecutivo es lo que le permite su reproducción.

M: Entonces, la diferencia sería que el estado de excepción es un momento de tránsito. Es una figura que es “normal” en la tradición jurídical occidental. Es un momento de pasaje que te lleva a un vacío, pero es una tierra de nadie temporal.

SGR: Está obligado por ley a tener temporalidad. En el caso del Estado a-legal haces lo que se te de la gana. Puedes poner 53 bases militares, como hizo el presidente Calderón, no pasa por el Senado, fue un acuerdo ejecutivo que no fue público, y con ello permites que existan más de 5 mil agentes armados de diferentes agencias norteamericanas en el país. ¿Cuándo nos enteramos? Nunca. Puedes firmar el ASPAN, que debió ser aprobado por el Senado, y no sucedió. Este es un Estado a-legal: está fuera y dentro de la legalidad. Es un modelo que se está aplicando cada vez más en Estados Unidos. El esquema del doble gobierno ya existe en Estados Unidos.
En National Security and Double Government Michael J. Glenno analiza cómo el Estado “madisoniano” ya no existe. Sigue siendo formal y es a través de él que se desarrolla la vida pública y la política en Estados Unidos, pero el que realmente se está aplicando es el modelo de Truman, que se implanta con la industria militar, y que son los que realmente gobiernan. Controlan todo: la economía, el poder legislativo, el poder judicial. Es interesante, porque esto es la evolución de los Estados en la actualidad, donde aparece un Estado que puede hacer lo que quiera, por encima de la sociedad.

M: ¿Puedes identificar algunos otros casos análogos? Generalmente tendíamos a comparar la criminalidad mexicana con la de Colombia…

SGR: Lo que observo de la situación de México en los últimos treinta años, es un extraordinario experimento de cómo se puede primero desarticular un estado de cosas y segundo después de eso intentar construir otro. Empezó en la frontera norte. Por eso, Charles Bowden hablaba de laboratorio, ya que decía que la frontera era un laboratorio del futuro. Tiene que ver también con saber cómo entras en otro régimen de dominio, donde la tecnología y las armas están obligando a cambios muy radicales. Así veo el experimento del TLC y del ASPAN. Por ejemplo, ¿por qué en el estado de Guerrero hay tanto énfasis en que esté vigente la industria de las armas ilícitas? Esto me parece muy significativo. Y que esté conviviendo un sistema de criminalidades con zonas de extracción minera, de altísimon impacto planetario.

M: Cada vez es más insistente la tesis de que existe una relación directamente proporcional entre el crecimiento de cierta conflictividad social en zonas de enorme riqueza mineral…

SGR: Imagínate a un teórico de la teoría del caos frente a estos casos extraordinarios de complejidad local. Se les hace agua la boca para ver cómo funcionan las comunidades, con variables y factores múltiples. Parece que el caso de Tamaulipas es también ejemplar. Tenemos ahí que el ejército se retiró, pero no mejoró la seguridad pública, en principio porque el ejército no debe estar en funciones de seguridad pública. No hubo además una estructuración de las policías con el ejército para crear zonas de estabilidad, donde el Estado de derecho impere mínimamente. Sigue siendo un territorio del crimen organizado, porque es posible. Entonces, ahí también hay flujo de armas, Estado real cambiando de manos por expoliación, amenaza… La gente se ha ido de ahí, se van a Texas a vivir. Y reina el crimen organizado. Tenemos ya diez años de eso en Tamaulipas, si no es que más, dado que no hay una estructuración clara, binacional, para poner orden.
Hay otro punto muy importante. La política actual a nivel ejecutivo se da por una defensa de continuidad en el status quo, donde los operadores quieren que así siga siendo porque quieren seguir trabajando en eso, o ganando dinero como tal. Entonces, no se busca solucionar las cosas, sino que continua como son. Por eso vemos tantas reformas que apuntan no a solucionar las cosas, sino a darle largas, a crear hurdimbres burocrático-administrativas de enorme complejidad. ¿Cómo pudiste refundar el sistema electoral en México?, ¿sabes lo que costó? Muchísimo dinero, ¿y para qué? No solucionaste nada, pero le diste continuidad (en el paso del IFE al INE) a un status quo. Los recursos que se gastan en el sistema electoral de México son absolutamente desquiciados con relación, por ejemplo, al índice de votantes, con relación a la falta de cultura cívica. Tienes un sistema electoral privilegiado, rico, con mucho dinero, y la gente no vota.

M: Hace un momento hablabas de rituales criminales. ¿Qué tiene que ver la conformación de cofradías, hermandades, corporacione como elementos articuladores de la ritualidad del crimen, en un momento donde estamos en presencia de formas totalmente opuestas de organización de la sociedad?

SGR: Tienen su vigencia porque funcionan a través de lealtades, a partir del principio de fraternidad, del principio del silencio. Son jerárquicas, iniciáticas. Y esto te da un espíritu de cuerpo eficaz para funcionar en momentos de enorme caos y disolución social, donde todo está disperso, donde la sociedad no es homogénea, incluso a pesar de las contradicciones y diferencias que en su interior puedan tener.
México es una sociedad polarizada por lo menos desde hace treinta o cuarenta años. En este caos, en esta anomia, lo que tiende a buscarse son funcionamientos eficaces para que puedas movilizar mínimamente esas sociedades de la anomia. Para eso se necesita una operación de lealtad, una operación eficaz, una operación de silencio, una operación de integración. Por eso proliferan los grupos criminales, pero también los grupos políticos que van estructurándose con los criminales. Y los grupos que buscan ya no la sociedad gremial, sindical, sino la reproducción inmediata de la sociedad de pocos individuos, que puedan manipular a otros. Lo vemos sobre todo con el signo de la criminalidad, donde tenemos fragmentación del crimen organizado —¿cómo es posible que existan tantos grupos?—. ¿Por qué? Porque funcionan a través de un principio de lealtad que los une, y son eficaces para ejercer la violencia, que es el modo político de gestionar sus ambiciones.
En Guerrero es significativo el hecho de que tengas tantos grupos y todos muy eficaces. Esto inquieta, porque es también la fragmentación extrema de la sociedad, su balcanización. Algunos expertos norteamericanos vinculados a la oficialidad, lo advirtieron desde hace cinco años, que lo que venía para México era la balcamnización. Me llama mucho la atención de que quienes lo declaran, por ejemplo, la Agencia Stratfor, considerada la Agencia Central de Inteligencia no oficial, hablaron de la balcanización. ¡Ahí lo que uno teme, no es que sea una previsión intelectual sino una planeación estratégica! En Tamaulipas, está sucediendo. En Veracruz también, en Guerrero y Michoacán, solo para hablar de los casos más significativos. Si lo vemos en términos abstractos, el plagio político para México es muy adverso para el Estado-nación, pero es muy productivo para las grandes potencias del planeta.

M: Tienes dos categorías importantes en Los 43 de Iguala, la de inseguridad y la de violencia. Pero también está el tema de la insurgencia y la contrainsurgencia en Guerrero. ¿Puedes hablarnos un poco de ello?

SGR: El tema de la inseguridad es un término derivado de las estipulaciones constitucionales. Por ejemplo, en México la Constitución de Apatzingán es la primera que plantea el tema de la seguridad pública. Las grandes constituciones del siglo XIX ya planteaban el tema de la seguridad pública. Después, el tema se diluye, y se habla de darle seguridad en general a los ciudadanos. El tema de seguridad nacional es mucho más reciente, tomado de las categorías anglosajonas. En México, cuando se habla de seguridad, incluso desde el punto de vista normativo, no se tiene muy claro el escenario. Por otra parte, a nivel de seguridad desde el poder ejecutivo, también es muy flexible, pues todo se va resolviendo en términos de formalidad. Basta que tu tengas policías, normas de buena gobierno, o bien tener infraestructura policiaca para que ya puedas hablar de seguridad.
Al menos en la época del presidencialismo autoritario, por la misma razón de ser del autoritarismo, las policías estaban obligadas a garantizar esa seguridad. Las policías controlaban el crimen organizado, todavía en los años setenta y ochenta. La policía sabía donde estaban los rateros y secuestradores, iban por ellos y los extorsionaban. Eso empezo a degenerar y en lugar de meterlos a la cárcel, los extorsionaban y comenzó la degradación. Entonces, en la actualidad se heredó la idea de que basta con tener infraestructura, normas y operatividad para garantizar la seguridad.
El concepto de violencia en México creció. De concebirla como violencia en singular, ahora tenemos violencias (en plural). Pero todo se vuelve retórica. Y ante ella, no existe acción concreta porque los operadores y las normas entran en contradicción. Las norma habla de delincuencia organizada. Y México acepta el concepto de crimen organizado. Ni siquiera hay entendimiento semántico para interpretar los problemas. Imagínate un policía: no entiende nada. El uso concreto de las palabras está siendo afectado por la confusión y la falta de códigos comunes. Parece que estamos hablando otras lenguas, una polisemia con un efecto babélico.

M: Hay una regla no escrita sobre los términos que sí se pueden usar y de aquellos que no se pueden usar en el régimen de la opinión pública, pero también en el universo académico, cuando se alude al universo de las criminalidades. Pareciera que es una suerte de “pacto no escrito” que utiliza su fingimiento como forma de veridicción política. ¿Qué reacción tendrías al respecto?

SGR: Hay una interpretación vernácula de ideas anglosajonas, por ejemplo, de la teoría de la deliberación: un conjunto de normas que nos permiten el diálogo dentro de un marco institucional, con cierto tipo y estilo de razonamiento y lógica. Si aceptas estas premisas, eres parte de ese debate público, normado. Para una cultura como la anglosajona, con la estructuración que tiene, es racional, incluso normal. En el caso mexicano, donde la palabra de la política te la da el dueño de la política, pues no vienes al caso si no cumples con sus reglas. Este es el gran problema. Por eso, tenemos una gran cantidad de analistas, comentadores, expertos, que hablan este código, estas reglas sobreentendidas (“nosotros sabemos deliberar, nosotros sabemos discutir, ustedes no saben hacerlo…”), y a su vez son los que trabajan en una dualidad constitutiva: son los que opinan al tiempo que dan la consultoría al gobierno, venden su opinión al gobierno mediante contratos de asesoría, de consultoría, etcétera.
Hoy, la política no se teoriza, sino que se realiza con cuatro elementos: primero, agentes políticos; segundo, partidos políticos; tercero, políticas públicas; cuarto, mercado electoral. Si tú no juegas en esas reglas bajo las reglas que estos momentos ponen, no estás. Obviamente cuando estás pensando en un análisis de clarificación de conceptos, no vienes al caso.

M: Comentabas que en el desarrollo de los Estados contemporáneos estamos en la antesala de un nuevo régimen de dominio. En este sentido, ¿qué relevancia tienen los desafíos estrictamente biopolíticos vinculados a la violencia?

SGR: Es muy importante el elemento biopolítico, porque se están experimentando lo mismo la posibilidad que da el dispositivo electrónico para crear subjetividad y gobierno (como propone Agamben), que el empleo de los niveles más elementales de la subjetividad de las personas (miedo, la coacción simbólica, las representaciones extremas para controlar). Si le añades el clima de violencia y criminalidad, el bombardeo de imágenes, la presencia militar y policiaca en comunidades, en las ciudades, son elementos biopolíticos de control social.

M: A partir del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que contradice la versión estatal de lo sucedido en Iguala, ¿hacia dónde nos estamos dirigiendo?

SGR: Es un momento muy incierto. Las autoridades no quieren entender la complejidad de lo que está pasando. Por otro lado, no están dadas las condiciones para una participación social generalizada, integral, que pudiera equilibrar las cosas. Es un momento muy incierto, porque hay enormes brechas y vacíos, donde la polarización crece, también crece la dificultad de comprender. Sin embargo, los medios de comunicación pro-gobierno, más las inercias de los antiguos gobiernos y las negativas a no cambiar nada, se fortalecen. No veo una salida por el lado estrictamente electoral, porque las posturas de los partidos políticos son a favor de continuar con el status quo. Los representantes de los partidos están atenidos a un pragmatismo que les llevará al poder, si logran la votación, pero que no traen consigo una visión integral de las cosas, ni un conjunto de operadores que pueda hacerlo. Por el lado de los candidatos independientes, la figura es muy inquietante, porque no ves en ninguno de ellos una capacidad real.

M: En México, históricamente la desaparición estuvo inscrita en el fenómeno de la guerra sucia de los años setenta y los desaparecidos de ese entonces. Sin embargo, con lo que sucedió en Ayotzinapa, parece que el problema fue y es una constante en la historia política mexicana.

SGR: Lo veo del siguiente modo. Al principio, era muy claro: se llamaban “levantones”. No más. Una persona es levantada y no la vuelves a ver. Esto sucedió en los años noventa, después las autoridades dijeron “no, ya no hablemos de levantones, es una vulgaridad; hablemos de secuestro...”, pero no es secuestro, porque no aparece el sujeto, ni la persona que levantaron. “Bueno, hablemos de desapariciones”, robándose el término del delito de desaparición forzada, que es un delito de lesa humanidad, tipificado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde 1998. La desaparición forzada tiene un sentido claro: cuando fuerzas armadas o policías realizan una acción de detener a personas y someterlas a asesinato, tortura, etcétera. Aquí el actor es importante: fuerzas armadas o policías. Esto aplicaba muy bien en el caso de las corporaciones militares en Argentina y Chile.
Aquí no, es el crimen organizado. Entonces, tenemos un escenario muy inquietante, porque el gobierno dice: “la mayor parte de las desapariciones las realiza el crimen organizado”. Pero en México, el crimen organizado también se llama policía dada la enorme corrupción que está presente en casos como el de Iguala. Tú ya no sabes si hablas con el policía o con el criminal. Esto hace que no se adecue estrictamente en todos los casos la desaparición forzada. En México, el ejército y la marina realizan desapariciones. Y es desaparición forzada. El gobierno no lo quiere reconocer. El caso es gravísimo, porque la autoridad no sabe diferenciar ni tiene capacidad de investigar quién se llevó a los estudiantes. Simplemente hay fosas. Es más difícil, porque tienes que ir hacia atrás: ¿quién lo puso? Guerrero es un osario. La autoridad ni siquiera esta investigando las fosas de Guerrero. De eso se quejan las familias de los desaparecidos.


[Entrevista publicada en el núm. 94 de Metapolítica, correspondiente a los meses de julio-septiembre de 2016.]

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