Sobre Arnaldo Córdova (1937-2014), por Cristhian Gallegos Cruz

Foto: Cuartoscuro

[Artículo publicado originalmente en Metapolítica, año 18, núm. 84, enero-marzo de 2014, pp. 80-84.]

ARNALDO CÓRDOVA: 
LA DOBLE ESTRUCTURACIÓN DEL PODER POLÍTICO EN MÉXICO
Por Cristhian Gallegos Cruz

En este artículo desarrollaré una serie de argumentos sobre la obra de Arnoldo Córdova, La formación del poder político en México publicada por Era en 1972.  El libro se encuentra dividido por una introducción y cinco capítulos. El primer capítulo se llama “La constitución del gobierno fuerte; el segundo, “¿Revolución o reforma?; el tercero, “Colaboracionismo de clases y populismo”; el cuarto, “El fenómeno del presidencialismo”; por último, “Desarrollo y dependencia”. La obra nos da la oportunidad de buscar en el pasado los anclajes  que permitieron al Estado posrevolucionario establecerse como el eje rector de la política y economía de México durante el siglo XX. Retomar el texto de Córdova facilita comprender el poder de manera horizontal (relación elite política-militar) y vertical (relación Estado-sociedad) que determinó el proceso de estructuración organizacional de las instituciones. La tesis del libro establece que la redefinición de las reglas del poder posibilitó construir un Estado fuerte, capaz de definir los límites y tiempos de la actividad económica, social y política de México. Para Córdova el punto de origen del poder lo fue la Constitución de 1917, las reformas que de ella emanaron permitieron crear una red de asociaciones que son las bases del poder político. Con ello comenzó a evidenciarse la necesidad de modernizar a la economía mexicana para situarla en el mundo, es decir, permitir “la transformación de México de país dependiente y mercantil en país dependiente y capitalista” (Córdova, 2003: 11). En la época reciente, la palabra “dependencia” compondrá una parte del léxico político mexicano por el hecho de evidenciar la sujeción de los actores políticos al Estado, así como la subordinación de este al poder del imperio norteamericano.
     Si vinculamos la propuesta sobre el origen del poder con el tema de la dependencia, estamos en posición de adentrarnos al pensamiento del autor. Comencemos por explicar la importancia de la Constitución. El fin de la revolución trajo consigo la necesidad de establecer un nuevo orden político capaz de romper con las prácticas realizadas durante el régimen de Porfirio Díaz. De este modo, la prioridad de normar el poder pasó por limitar su alcance. No obstante, dice el autor, “la Constitución ha sido desde un principio un formidable instrumento de poder” (Córdova, 2003: 16), en virtud de que le confiere al Estado la potestad de los derechos de propiedad y laborales. Lo que fundamenta esta decisión es la posibilidad de cohesión de la nación. Sin embargo, para alcanzarla, fue necesario restringir la libertad de las fuerzas económicas nacionales y extranjeras. Por eso, Arnoldo Córdova dice que:

El nuevo poder de decisión que se otorga al Estado, y especialmente al Ejecutivo, en virtud de los artículos 27 y 123 de la Constitución. En particular, el primero de ellos no sólo constituyó desde siempre un arma poderosísima para desmantelar el sistema propietario fundamental del porfirismo, levantado principalmente sobre la propiedad de la tierra, y no sólo ha sido, desde su aplicación más o menos intensiva, a partir de Obregón, un medio formidable para extender y consolidar el mercado interno nacional; sino además, y sobre todo, este artículo ha puesto en manos del Ejecutivo un instrumento discrecional para convertirse en director o cuando menos en verdadero árbitro de los sectores urbanos o por lo menos de la producción. Junto con el artículo 28 que prohíbe que los monopolios y los estancos, ha servido de base para la institucionalización  de la economía y para la imposición del proyecto nacional de desarrollo surgido de la revolución (Córdova, 2003: 19).

Sin duda éste es un aporte de Arnoldo Córdova, ya que la apropiación de los medios de producción era una necesidad base para promover el capitalismo incipiente que en México había existido desde finales del siglo XIX, mientras que la protección de los derechos laborales, así como la propiedad de la nación, únicamente fungían como elementos que posibilitaron la funcionalidad del sistema, es decir, la producción de riqueza. Las aspiraciones de crecimiento económico para México están fundadas en la centralidad del poder. Lo resultante es la influencia de la política en la economía. Por tal motivo, para alcanzar los objetivos se despliega un proyecto nuevo de nación que tuvo gran éxito al apoyarse en “la reforma y el nacionalismo revolucionario”.  La primera, dio lugar a prácticas de incorporación política sobre sectores que no eran considerados importantes, como los campesinos y los obreros. La segunda cimentó sus raíces en la concepción de la herencia histórica.  Lo que pone en evidencia este fenómeno es que, “las reformas sociales devinieron de inmediato el marco ideológico en el que las nuevas instituciones se iban a desarrollar, y lo que aún es más importante la base […] sobre la que se iba levantar toda el armazón del colaboracionismo social posrevolucionario” (Córdova, 2003: 21).
      Ahora bien, es conveniente revisar las redes del colaboracionismo social  partiendo del eje de ruptura, es decir, la revolución. Comencemos por la afirmación que hace Córdova: “una revolución política no implica una transformación revolucionaria de las relaciones de propiedad sino únicamente su reforma” (Córdova, 2003: 25). Propiedad y reforma son dos palabras clave. La propiedad permite diferenciar entre los que poseen y los desposeídos. Poseer pone de manifiesto la pertenencia a algo, estar cerca de alguien. Los campesinos poseen tierras en la medida de su riqueza, poseen identidad porque forman parte de una historia. En México, el campesino es el desposeído histórico, siempre se encuentra bajo la voluntad de un “Otro”, en este caso, el Estado. La reforma, por su parte, siempre ha pretendido corregir. Pero en nuestro país corregir tal vez sea proporcional a minimizar daños. Tomemos por ejemplo el periodo en la historia de México denominado “Reforma”: lo que distingue ese tiempo no es la enmendadura del daño sino su proyección a futuro. Por ello, decir que “la revolución no es más que una reforma” es pensar en la integración de los sujetos para formar una nación con la finalidad de garantizar su pertenencia. En este proceso de integración las masas se van añadiendo al aparato gubernamental perdiendo autonomía política en ciertos aspectos, pero ganando algunos beneficios sociales y económicos.
     Para comprender el fenómeno de la integración, es preciso señalar que la inversión de las posiciones políticas determina el significado de la revolución. Los vencedores adjetivarán a la Revolución como popular y social. En cambio, Córdova dirá que esas atribuciones son incorrectas, pues para llamarse popular se necesita de una clase trabajadora (Córdova, 2003: 26), en la que su “participación independiente […] pueda imponer una solución en la transformación social” (Córdova, 2003: 29). Por su parte, el aspecto social “lo concibieron como el modo de mejorar la situación de las clases trabajadoras, estableciendo un equilibrio más justo entre los dos factores de la producción, el capital y el trabajo” (Córdova, 2003: 32). Esto nos ejemplifica que la estructuración de instituciones por las cuales se canalizarán los beneficios que recibirán las organizaciones obreras y campesinas por los favores hechos. En efecto, esta práctica todavía se conserva: decrece en los momentos de estabilidad política; se intensifica en los tiempos de crisis.
     Según Córdova, la manera acertada de llamar a la revolución es populista. Dos características son importantes para designarla: la movilización de masas y el clientelismo. Movilizar a las masas es poner en público las fuerzas que se tienen. Movilizar es también poner en acción una actividad, a muchas organizaciones gremiales y políticas que funcionan como medios de obstrucción y/o ayuda,  es decir, cuando no cumplían con las funciones asignadas o cuando quisieran salirse de la estructura política otra organización serviría para minimizarlo o desaparecerlo. La imagen que representan las organizaciones es, por un lado, la lealtad y los lazos que los unen directamente. Por el otro, la demostración del poder. Es indudable que esta tensión permanente entre los “gobernados y gobernantes desarrollaban dentro del mismo marco jurídico y político sus relaciones; cada elemento social comenzó a desempeñar su papel por su cuenta, pero guardando siempre una estrecha relación con el Estado, y sobre todo, con el presidente” (Córdova, 2003: 36). En este contexto se vuelve necesaria la concepción de fabricar una institución con el objetivo de subsistir. Al respecto vale la pena citar un fragmento del discurso emitido por Emilio Portes Gil en 1928:

Después de muchas reflexiones sobre la grave situación que se ha creado como consecuencia de la inesperada muerte del general Obregón, he meditado sobre la necesidad de crear un organismo de carácter político, en el cual se fusionen todos los elementos revolucionarios que sinceramente deseen el cumplimiento de un programa y ejercicio de la democracia. Durante más de 15 años, nos hemos debatido, los revolucionarios, en luchas estériles por encontrar la fórmula para resolver los problemas electorales. Todo ha sido inútil. Hemos visto que las condiciones incontenidas de muchos han arrastrado al país a luchas armadas que nos desprestigian y que nos convencen que hemos errado el camino. Yo creo que la organización de un partido de carácter nacional servirá para constituir un frente revolucionario ante el cual se estrellen los intentos de la reacción. Se lograría a la vez encauzar las ambiciones de nuestros políticos disciplinándolos al programa que de antemano se aprobará. Con tal organismo se evitarán los desordenes que se provocan en cada elección y poco a poco, con el ejercicio democrático que se vaya realizando nuestras instituciones irán fortaleciéndose hasta llegar a la implantación de la democracia (citado en Córdova, 2003: 38).

La idea central del discurso es el orden. Formar un sitio desde el cual se distribuya el lugar que le corresponde a cada miembro de la “familia revolucionara” es por demás un tratamiento innovador. La razón de fundar una institución es para dar certidumbre. Pensar al caudillo como jefe de la institución nos sugiere poner en evidencia a quien desempeña el poder de manera personal con el deseo de crear una identidad. Hacer que las fuerzas revolucionarias conozcan su homogeneidad permite ampliar los márgenes de identificación, cohesión, así como, adecuación a la institución para su actividad. La política que se pretende utilizar en el interior de la organización es el de la negociación. La dirección (democrática o autoritaria) es irrelevante mientras que la disciplina de partido marche conforme a los objetivos. Con esta institución se pretende evitar la separación de las fuerzas armadas. De este modo, en 1929 nace el Partido Nacional Revolucionario (PNR)  que, en realidad, permite que la política se enfoque a la expansión de los aparatos burocráticos y empresariales.
     Después de la creación del PNR, tenemos su transformación semántica, ya que con Lázaro Cárdenas ahora se llamará Partido de la Revolución Mexicana (PRM). Para el autor, el periodo cardenista es fundamental, debido a que la materialización de la política promovida por Cárdenas desencadenará la consolidación del Estado posrevolucionario y el ascenso de los nuevos ricos. En este sentido, la estrategia que lo permite es la reforma. La expropiación petrolera y la reforma agraria tendrán consecuencias políticas importantes, ya que permitieron el corporativismo. A diferencia de lo ocurrido con la creación del PNR, el corporativismo pretendía ser una extensión del partido oficialista donde los grupos obreros y campesinos pudieran encauzar sus demandas. Al mismo tiempo, existe una inversión importante en la función de los caudillos, ya que dejan las armas para integrarse a la política y desde ahí prolongar su crecimiento económico. Esto demuestra que “la negociación de demandas se lleva a cabo a nivel de dirigentes y sin saltar por ningún concepto los marcos institucionales establecidos” (Córdova, 2003: 43).
      La consolidación del régimen posrevolucionarios fue posible gracias a la institucionalización del “presidencialismo” (Córdova, 2003: 48). Córdova dice que el presidencialismo es una consecuencia de la modernización, es decir, es un forma de hacer política que se diferencia del caudillo porque no utiliza las armas  para alcanzar el poder, sino funda su fuerza en la Constitución y en su capacidad de negociación política con diversos grupos organizados que son de importancia. El presidencialismo mexicano, se caracteriza por la noción de que “El presidente lo podía todo” (Córdova, 2003: 59). Para explicar el alcance del presidencialismo, Córdova nos dice:

¿cómo es posible, entonces, que el poder institucional opere sobre la base de este tipo de dominación? Nos parece que éste es el punto en el que se cifra el secreto profundo del sistema político mexicano: en primer lugar, este sistema aparece como alianza institucionalizada de grupos sociales organizados como poderes de hecho; en segundo lugar, el presidente ha sido promovido constitucionalmente con poderes extraordinarios permanentes; en tercer lugar, el presidente parece como árbitro supremo a cuya representatividad todos los grupos someten sus diferencias y por cuyo conducto legitiman sus intereses; en cuarto lugar, se mantiene y se estimula en las masas el culto, no sólo a la personalidad del presidente, sino al poder presidencial; en quinto lugar, se utilizan formas tradicionales de relación personal, el compadrazgo y el servilismo, como formas de dependencia y control del personal político puesto al servicio del presidente y de la administración que encabeza. Sobre la marcha, casi siempre de modo espontáneo, se ha llegado a organizar la maquinaria política cuyo poder no es posible siquiera imaginar y cuya efectividad  se ha demostrado a lo largo de más de treinta años (Córdova, 2003: 61).

La última dirección de análisis aborda la conjunción del proyecto de nación posrevolucionario a través de la cuestión de la industrialización. Para comenzar, existe  una regla fundamental: “la política determina la economía” a partir de dos características; primero, el monopolio de las principales fuentes de riqueza está a cargo del Estado; segundo, el mercado no impone las condiciones en las que se desarrollará la política. Comencemos por explicar la primera característica. En efecto, la política económica del Estado mexicano es la de intervenir  —no en la concepción keynesiana— con la finalidad de “promover de un modo específico el interés de una clase, la clase capitalista” (Córdova, 2003: 62). Esta situación produjo una clara diferenciación entre las masas y los empresarios. A las masas se le otorgan los residuos del crecimiento económico, a los empresarios se les disputa la riqueza. El Estado pondrá en práctica su carácter exclusivo de agente de obstrucción y director de la economía por el poder que le otorga poseer la propiedad, especialmente, el petróleo. Esta fuente natural de riqueza será la base del desarrollo capitalista, ya que permite que México ingrese a la economía mundial y esté sujeto a las leyes del mercado, pero también a la fuerza de imposición de Estados Unidos. Alcanzar al mundo se volvió desde entonces una aspiración para la sociedad mexicana.
     Por otro lado, la modernización de sus medios de producción son insuficientes, aunque en aquel momento los ingresos del petróleo permitieron el robustecimiento del sector público. Conjuntamente la estabilidad que tuvo el régimen posrevolucionario se debió a que “la participación política, en un sistema cuasicorporativo como el nuestro, pueda ser medida a través de la simple función electoral” (Córdova, 2003: 67). El crecimiento económico estableció que mientras la economía fuera abundante, la estabilidad política se garantizaría aunque los derechos políticos fuesen disminuidos. En cambio, “la distribución del ingreso no basta para definir una educación cívica de tipo democrático en los ciudadanos, mientras los presupuestos del sistema no sean cambiados a fondo (Córdova, 2003: 67). La política que desarrolló el presidente propagó un efecto nocivo para la cultura política de la sociedad mexicana porque instaló una serie de prácticas degenerativas a nivel social, político y económico. La estabilidad política dependerá de la estabilidad económica. Una economía mundial que está a la expectativa de la acción de los países desarrollados no tiene componentes favorables para impulsar su crecimiento como país subdesarrollado. La instalación del sistema político mexicano con tientes autoritarios es un hecho que pasó desapercibido para la sociedad de aquellos años.
      Para finalizar, se puede decir que la reforma parece seguir imperando como condicionante de las relaciones de poder en nuestro presente. Tenemos al menos cuatro reformas importantes en nuestros días: energética, fiscal, educativa y política. La dimensión que toma cada una se determina por la cantidad de “afectados y beneficiados”. Al parecer, con las reformas se pretende extinguir las viejas prácticas clientelares para arraigar otras menos condicionantes. Las corporaciones han sido reducidas drásticamente. El brazo del Estado posrevolucionario se disolvió a la luz del nuevo siglo. La centralidad del poder se dispersó. El gobierno autoritario se desfiguró para dar paso a la adjetivada democracia que no ha logrado estabilizarse. El Estado fracasó en su intento por industrializar al país; ahora el mercado rige la economía pero también la política. Nuestra noción de modernización parece ser inalcanzable. Al parecer, la Constitución se ha vuelto un problema para México porque no permite la funcionalidad del régimen. Sin embargo, a la luz del primer cuarto de siglo XXI estamos a la expectativa de un cambio proveniente de la sociedad.

REFERENCIAS

Córdova, A. (2003), La formación del poder político en México, México, Era.
Cosío Villegas, D. (1981), El sistema político mexicano. Las posibilidades de cambio, México, Joaquín Mortiz.
Bartra, R. (2006), “Sangre y tinta del kitsch tropical”, en I. Semo (coord.), La memoria dividida. La nación: íconos, metáforas, ritual, México, Fractal-CONACULTA.




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